Una resolución del juez federal Claudio Marcelo Vázquez impide inscribir transferencias y otros derechos sobre dos parcelas situadas frente al glaciar Perito Moreno. El magistrado también dispuso remitir el amparo a la Corte Suprema. El decreto provincial sigue vigente y el proyecto turístico no fue suspendido integralmente.
Una decisión judicial puso un nuevo límite a la operación inmobiliaria sobre casi 21 hectáreas de Península Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz. El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó impedir la inscripción de transferencias y nuevos derechos sobre los terrenos vinculados con un proyecto turístico autorizado excepcionalmente por el Gobierno de Claudio Vidal.
La resolución, conocida este viernes 16 de octubre y difundida inicialmente por Ahora Calafate, también dispuso remitir el amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que el caso corresponde a la competencia originaria del máximo tribunal.
La novedad modifica el escenario judicial de una operación que había generado cuestionamientos políticos, ambientales y legales, aunque no significa que la venta haya sido anulada ni que el emprendimiento turístico quede automáticamente suspendido.
Qué decidió el juez sobre las tierras frente al glaciar Perito Moreno
La medida alcanza a dos parcelas identificadas como G2 y G3, ubicadas dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, en cercanías del Parque Nacional Los Glaciares.
Según la resolución difundida por Ahora Calafate, el magistrado ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de inscribir transferencias de dominio, cesiones y constituciones de derechos reales sobre esos inmuebles.
La disposición busca preservar la situación registral de las propiedades mientras se determina qué tribunal deberá resolver los planteos judiciales.
En paralelo, Vázquez se declaró incompetente para continuar con el tratamiento del fondo del amparo y dispuso remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado consideró necesaria la participación del Estado nacional, la Provincia de Santa Cruz y las dos empresas involucradas en la operación.
De esta manera, la Corte deberá determinar el trámite que corresponde y resolver las cuestiones que eventualmente queden sometidas a su competencia.
Por ahora, el Decreto Provincial 915/2026 continúa vigente. La medida conocida no lo anula ni implica, por sí misma, la paralización material del proyecto.
Las 21 hectáreas y el decreto firmado por Claudio Vidal
El origen del conflicto está en la autorización excepcional otorgada por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre de 2026 mediante el Decreto 915/2026.
La norma permitió exceptuar una restricción provincial para posibilitar una operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate S.A.U., como adquirente vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos.
Es importante aclarar que no se trata de una venta directa de tierras fiscales por parte del Estado provincial, sino de terrenos privados cuya transferencia requería una autorización administrativa especial.
La operación está relacionada con el proyecto turístico denominado Master Plan Ecocentro, que contempla un desarrollo de alojamiento e infraestructura dentro de la zona protegida.
Como informó anteriormente El Diario Nuevo Día, la propuesta incluye 24 cabañas, con una capacidad máxima aproximada de 60 plazas, además de senderos y espacios complementarios.
El decreto original fue modificado posteriormente mediante el Decreto 1019/2026, publicado el 8 de octubre, para precisar la identificación catastral de los terrenos.
Los documentos oficiales establecen que la parcela G2 tiene una superficie de 11,7109 hectáreas y la G3 comprende 9,2881 hectáreas.
En conjunto suman 20,999 hectáreas, prácticamente 21 hectáreas, que ahora quedan alcanzadas por la restricción de inscripción informada en la causa judicial.
Por qué interviene la Corte Suprema y qué puede pasar ahora
La controversia llegó a la Justicia Federal después de que diputados provinciales y representantes del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) presentaran un amparo contra el avance de la operación.
El 9 de octubre, la Corte Suprema había suspendido provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales.
Aquella decisión restableció temporalmente restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, pero no había ordenado específicamente detener la operación de Península Magallanes.
La nueva intervención del juez federal constituye un hecho diferente: establece una restricción registral concreta sobre las parcelas involucradas y envía el expediente al máximo tribunal.
Mientras tanto, el debate también continúa en la Legislatura provincial, donde se solicitaron informes sobre la autorización y se impulsó una iniciativa para dejar sin efecto el Decreto 915/2026.
Desde el Gobierno santacruceño se defendió la legalidad del procedimiento y se sostuvo que la excepción es específica para esta operación. También se indicó que el desarrollo turístico deberá cumplir las condiciones ambientales y territoriales correspondientes.
La situación deja abiertas cuestiones fundamentales: si la Corte asumirá la competencia, qué decisión adoptará sobre el amparo y cuáles serán las consecuencias para la transferencia de las tierras.
Lo confirmado hasta ahora es que la operación enfrenta una restricción judicial para registrar nuevos derechos sobre las parcelas. La resolución definitiva sobre la validez del decreto y el futuro del proyecto turístico permanece pendiente.
El conflicto involucra una de las áreas naturales más sensibles y reconocidas de Santa Cruz, donde confluyen intereses de inversión privada, actividad turística y protección ambiental. (Fuente: El Diario Nuevo Día con información de Ahora Calafate)
