“Fuera del Gobierno, no hay quien apoye el acuerdo con el FMI”
En una carta dirigida a la titular del FMI, Christine Lagarde, prácticamente todas las corrientes gremiales, incluidas la CGT y las CTA, los movimientos sociales y la mayoría de la oposición aseguran que no reconocen la legitimidad del acuerdo y consideran la nueva deuda así contraída como “odiosa o execrable”
Un amplio conglomerado opositor le advierte al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la deuda pactada entre el organismo y el gobierno de Mauricio Macri es considerada “odiosa o execrable” en términos jurídicos y que agotará todos los mecanismos parlamentarios y judiciales para desconocerla. En una carta dirigida a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, centenares de dirigentes sindicales de la CGT y las dos CTA, las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, legisladores de las principales bancadas opositoras, artistas, intelectuales, académicos y dirigentes estudiantiles, entidades campesinas, comunidades indígenas y organismos defensores de los Derechos Humanos sostienen que de acuerdo a la Constitución Nacional le corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Por lo que los créditos como las imposiciones económicas del FMI contempladas en la carta de intención firmada por funcionarios del gobierno nacional deberán ser aprobados por el Parlamento, donde todas estas fuerzas asumirán la postura “de la mayoría del pueblo argentino que rechaza el acuerdo”. “Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo”, sostienen los firmantes.
“También queremos transmitirle objeciones al uso que hará el Gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos”, dice uno de los párrafos de la misiva que lleva la firma de dos triunviros cegetistas Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, el camionero Pablo Moyano, los secretarios generales de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; el titular del Suterh, Víctor Santa María; los dirigentes docentes Sonia Alesso, Eduardo López y Roberto Baradel, Roberto Pianelli, Daniel Catalano, entre decenas de sindicatos. Los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), movimientos sociales como el Movimiento Evita y Libres del Sur, así como cooperativas y fábricas recuperadas. Estela de Carlotto, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora,Hijos, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En otra parte de la misiva que describe el grave panorama de la deuda externa y del país, se sostiene que “el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en U$S 5500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local”.
Entre las decenas de legisladores que estamparon su firma figuran del FpV-PJ, entre otros José Luis Gioja, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Jorge Capitanich. Por el Frente Renovador Felipe Solá, Facundo Moyano y Daniel Arroyo; Victoria Donda de Libres del Sur, Fernando “Pino” Solanas, el ex gobernador socialista de Santa Fe Antonio Bonfatti; legisladores del Mercosur, intendentes de distintas ciudades (entre ellos Verónica Magario de La Matanza) dirigentes del Movimiento Evita como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y sociales como Juan Grabois, y muchísimos mas representantes de distintas fuerzas políticas y estudiantiles.
“La misma lógica –continúa la carta al FMI– puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.”
También hay un párrafo destinado a la utilización de los créditos para favorecer la “fuga de capitales” con nombres propios de los favorecidos con las medidas implementadas por el Gobierno: “Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3 a 47 por ciento anual, el tipo de cambio (pesos-dólares) creció de 20,16 a 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde U$S 62.456 millones a U$S 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35 por ciento menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton”.
La carta también advierte a Lagarde que “el día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina”, al tiempo que “pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador”.
También se vertieron las explicaciones políticas que sostienen la ilegitimad del acuerdo con el FMI.”El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica”, arrancan los centenares de firmantes de todo el grueso del arco opositor.
Definiciones que dejan en claro un mensaje para Lagarde: “Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por el actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo”.
Fuente: Pagina12.
