Saltar juntos
El Gobierno presentó un pliego a las provincias para que aporten 100 mil millones de pesos para el ajuste fiscal 2019. Menos obras, transferencias de gastos en educación y salud y reducción de subsidios con tarifazo en el transporte.
La economía macrista se ha lanzado en forma desesperada a sujetarse a la que considera la última soga para evitar caer en el abismo: el ajuste fiscal para marcar un déficit de 1,3 por ciento del PIB en 2019, desde el 2,2 por ciento de este año. Para alcanzar esa meta, imprescindible en la estrategia oficial para conseguir la reapertura del financiamiento del mercado internacional, condición necesaria y no suficiente para alejar el fantasma de la insolvencia (ver nota aparte), los ministerios de Hacienda y de Interior exigen que las administraciones provinciales aporten 100 mil millones de pesos en la reducción del gasto.
El gobierno nacional pretende reducir el envío de fondos federales a las provincias y que éstas además realicen recortes en sus presupuestos. La hoja de ruta del ajuste esta señalizada con paralización de obras públicas, disminución de subsidios al transporte (más tarifazos), la reducción o eliminación del incentivo docente, la poda del fondo de la soja alimentado con una porción de las retenciones, y la aceptación de la transferencia de programas nacionales de salud (vacunas, entre otros).
Compromisos que deben cumplir el próximo año, cuando hay elecciones de renovación de mandato, sin que haya ningún beneficio inmediato y sólo costos a asumir para que pueda sobrevivir el proyecto político de la alianza macrismo-radicalismo. ¿Cuál es el estímulo de las gobernaciones, salvo las oficialistas, de inmolarse en el fracaso económico del gobierno nacional?
Torniquete
Dos secretarios de las carteras de Economía y de Interior le presentaron al ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, ese pliego de condiciones, que se replicó para el resto de las provincias. Para el presupuesto 2019 del distrito gobernado por el socialista Miguel Lifschitz implicaría un ajuste de 8300 millones de pesos, según se precisó en una nota publicada el jueves pasado en RosarioI12. La Nación además se desentiende de cumplir con el pago de la histórica deuda (54.000 millones de pesos) que tiene con Santa Fe y que cuenta con fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia.
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, fue el primero que anunció que no acompañará la propuesta del gobierno de Macri. En su cuenta de Twitter escribió: “Somos defensores del federalismo y de la autonomía provincial. No vamos a ser parte de un ajuste feroz que va en contra del bienestar de los pampeanos. Decidimos, con los legisladores nacionales del PJ, no votar un presupuesto de ajuste”.
El torniquete a las cuentas provinciales 2019 tiene su adelanto en el primer semestre de este año. Las transferencias corrientes fueron apenas 6,9 por ciento más en términos nominales y para gastos de capital (obras públicas) contabilizaron una baja de 38,6 por ciento, un derrumbe de 55 por ciento en términos reales.
Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, definieron que el Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) será traslado en su totalidad a las provincias, al igual que el incentivo docente (sumó 13 mil millones de pesos en el primer semestre de este año) y programas de salud (2500 millones de pesos en el mismo período). Estos y otros recortes apuntan a sumar 300.000 millones de pesos para anotar un déficit fiscal de 1,3 por ciento del Producto Interno Bruto el año próximo, meta acordada con el FMI.
Trampa
Tras esa misión, el gobierno avanzó con la tijera sobre las asignaciones familiares, disminuyendo el techo y elevando el piso para quienes pueden recibirlas y eliminando los beneficios por zonas del país (sur y norte), afectando el monto que reciben trabajadores por un total de 150 mil chicxs. El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), no se animaron a informar el ahorro que significará para las cuentas de la Anses esa medida regresiva. Estimaciones privados lo ubican en 5000 millones de pesos
Con esa medida, como con la postergación del plan oficial de vivienda o la nueva vuelta del tarifazo en el transporte, el Gobierno tiene la ilusión de que los inversores internacionales se apiaden de la economía macrista y vuelvan a abrir la billetera de dólares.
Como se sabe, el ajuste fiscal es recesivo (disminuyen los ingresos por la menor actividad) y no sólo posterga el quimérico equilibrio de las cuentas públicas, sino que, lo más relevante en el actual contexto de extrema fragilidad financiera, los inversores de bonos se alejan de economías en recesión. El riesgo país cerca de 600 puntos básicos y paridades de los bonos deprimidas son los indicadores de la aversión a títulos de deuda argentina que predomina en el mercado internacional.
Es tan conocida la trampa a la que ha sido arrojada la economía como el desenlace que tiene estas políticas regresivas acordadas con el Fondo Monetario.
Intereses
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública realiza un seguimiento riguroso de ingresos, egresos y asignación de recursos de las cuentas públicas nacionales. El último reporte correspondiente a junio pasado refleja, entre otras cosas, la asfixia a las provincias, a las que el gobierno nacional invita a saludar el ajuste, además de comprometerlas a intensificarlo en lo que resta del año y en el próximo. En el primer semestre del año, los fondos destinados a los estados provinciales y municipales sumaron 55.547 millones de pesos, una retracción del 19,8 por ciento interanual (-13.745 millones).
En otro capítulo de la “contabilidad creativa” macrista, en este caso para disimular el fuerte ajuste aplicado a las provincias, las transferencias de capital, a partir de este año, se anotaron en el Fondo Federal Solidario y se consideraron de carácter “extrapresupuestario”, mientras que hasta el año pasado formaban parte del presupuesto de la Administración Nacional.
Con ese cambio, el ajuste en los giros para gastos de capital no fue de -38,6 por ciento, sino que pasó a ser de -20,3 por ciento interanual. Más allá de la forma en cómo se contabilizan, lo concreto es que las provincias han recibido menos dinero para obras públicas.
Las transferencias para gastos de capital totalizaron 24.937 millones de pesos, concentradas en Vivienda y Urbanismo (12.359 millones), Transporte (3971 millones), Agua Potable y Alcantarillado (2642 millones) y Educación (2985 millones). Consolidando los rubros Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital, en el primer semestre de 2018 la Administración Nacional asignó 48.073 millones de pesos del gasto en provincias y municipios, un 28 por cientos menos que el monto devengado en igual período de 2017 (-18.510 millones de pesos).
Mientras el ajuste del gasto público avanza sobre provincias, municipios y también en la administración central, los intereses de la deuda pública ascendieron en el semestre a 233.102 millones de pesos, una suba del 70,8 por ciento interanual, constituyéndose en el segundo rubro en importancia luego de Seguridad Social.
La dinámica de las cuentas públicas no es diferente a la que predominó en la década del ‘80 y ‘90: ajuste fiscal permanente con acuerdo del Fondo Monetario, estancamiento económico y crecimiento acelerado de la carga de intereses de la deuda.
